El 2 de diciembre de 2018, algo cambió en la política nacional. Contra todo pronóstico, un partido a la derecha del PP y que llevaba años asentado en la irrelevancia daba el salto a las instituciones en las elecciones andaluzas. La crisis territorial en Cataluña aupó en aquel momento a Vox, que desde entonces ha crecido electoralmente en un calendario marcado por las urnas: se ha votado a nivel municipal, autonómico, comunitario y nacional en dos ocasiones. Dos años después, el partido se prepara para dar el salto al Parlament, y para ello sacará la bandera que le permitió acceder entonces a las instituciones: la batalla contra el independentismo.
Quedaban cuatro días para las elecciones. Era 27 de noviembre y la socialista Susana Díaz dio un volantazo a una campaña plana, la de “la alegría”, como la llamaban, para convertir a Vox en protagonista de la recta final. Las encuestas hablaban. Tanto del abstencionismo del electorado socialista como del subidón de un partido que en España aún no tenía ninguna representación institucional. “¿Van ustedes a pactar con la ultraderecha?”, preguntó en aquel debate electoral cuatro veces Díaz, ante el silencio de PP y Cs. No fue algo puntual. Al día siguiente, junto a Pedro Sánchez en uno de los mítines más multitudinarios del PSOE en esa campaña de las andaluzas, los socialistas dejaron claro que sacudían su estrategia con un objetivo: sacar a la gente de su casa para ir a votar azuzando el miedo a Vox, una línea que luego se extrapoló a nivel nacional.
La estrategia no sirvió. O al menos no logró que el PSOE se mantuviera en el poder en Andalucía después de 36 años ininterrumpidos de gobierno. Vox se convirtió esa noche electoral en el gran protagonista, con 12 diputados de 109 del Parlamento andaluz. Era la primera vez que conseguía representación en España y además se hacía con la llave del cambio político en Andalucía. A partir de ahí, todo fue muy rápido. Había un pegamento lo suficientemente poderoso como para arrinconar cualquier debate en profundidad sobre la estrategia a seguir con Vox, la promesa de un cambio político en Andalucía dejó de lado cualquier posibilidad de que, imitando a otros países europeos como Alemania o Francia, se decidiera poner un cordón sanitario a la extrema derecha.
Pese a los virajes discursivos recientes y la prevalencia en los últimos meses de nuevos mensajes de tinte social, parece claro que Vox volverá a sus orígenes para centrar sus esfuerzos contra el secesionismo y tratar de rascar votantes a PP y Ciudadanos. En las últimas semanas, los pactos del Gobierno central con Bildu y ERC han devuelto la cuestión a la primera línea del debate político en un ambiente de precampaña electoral, en que Santiago Abascal ha llegado a decir esta semana que "el PSOE es hoy el problema de España". Aunque las encuestas le dan resultados similares a los de los populares, en la formación ya fantasean con la posibilidad de 'sorpasar' la lista de Alejandro Fernández y creen que serían una muestra importante de su fortaleza de cara a todo el país. Esto ha hecho que, como ha ido contando este medio, Pablo Casado haya movilizado sus filas para focalizarse en la región.
La gestión de la crisis catalana fue el impulso que lanzó a Vox al ruedo político, pero Andalucía ha sido el escenario donde se han visto sus primeros pasos en las instituciones. En 2018, Vox entró de lleno en la política y propició el cambio en la región tras una negociación exprés que tuvieron en Sevilla los principales dirigentes nacionales. Cs se puso de perfil y evitó la foto, algo que ha cambiado de forma importante en estos dos años, cuando el partido naranja ha normalizado, como el PP, su alianza con Vox. Desde entonces, la formación de Abascal, con una estructura piramidal y decisiones adoptadas siempre desde Madrid, ha sabido las teclas que tocar para volver a tener protagonismo en el sur.
El primer choque importante se produjo a pocos meses de la investidura, en junio de 2019, cuando el Gobierno de PP y Cs se propuso sacar su primer Presupuesto del cambio. La situación se enredó tanto que el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), se plantó en Madrid para desatascar el acuerdo. Desde entonces, siempre están las mismas demandas de Vox sobre la mesa: recorte de empresas públicas y la llamada administración paralela; inmigración irregular y menores inmigrantes; violencia de género o Canal Sur, e hitos culturales como la caza o los toros forman parte del abecedario de Vox en Andalucía.
Internamente, nada ha sido fácil en la región. Las tensiones en el grupo parlamentario afloraron pronto. El que fue candidato a la Junta, Francisco Serrano, empezó a perder foco por orden de Madrid. Las lecturas políticas señalaron que Vox quería otro giro en su discurso, que Serrano encaminaba siempre a lo mismo: lo que llaman ideología de género, ataques al movimiento feminista y a los “chiringuitos” de género, según la calificación para las asociaciones de mujeres y la lucha contra la violencia machista. Exigieron los nombres de los trabajadores contra la violencia de género, por ejemplo, generando un fuerte debate sobre las listas negras y la persecución de estas personas.
Pero tras la decisión de arrumbar a Serrano no había una estrategia sobre el discurso político, sino una imputación por fraude de ayudas públicas que propició la caída del juez de Vox. Antes, ya había existido una quiebra en el grupo parlamentario de Vox en Andalucía. Las crisis provinciales han sido una constante. Otra diputada por Almería, Luz Belinda Rodríguez, acabó en el grupo mixto tras denunciar “discriminación y acoso” por parte de sus compañeros. Vox orilló a Serrano y apostó por un hombre de discurso y perfil mucho más moderado, Alejandro Hernández. La pugna interna fue a más hasta que Serrano, que tendrá que prestar declaración el próximo 8 de febrero, dejó Vox y se convirtió en no adscrito, para finalmente irse de la Cámara, con lo que Vox recuperó 11 diputados en su nómina.
